El presente es un manifiesto inicial para la convocatoria abierta a todos los actores vinculados al desarrollo nacional, al desarrollo agroalimentario y agroindustrial, a las múltiples experiencias en materia de asociativismo, a la producción agropecuaria, a la agricultura familiar, al desarrollo local y regional y a la economía popular y social.
La propuesta es que articulemos en red nuestras experiencias para afrontar un desarrollo integral de nuestro sector, de tal manera, que el mismo constituya un pilar central en un futuro proyecto de desarrollo nacional.

Somos dirigentes vinculados al desarrollo nacional, al desarrollo agroalimentario y agroindustrial, a las múltiples experiencias en materia de asociativismo, a la producción agropecuaria, a la agricultura familiar, al desarrollo local y regional y a la economía popular y social.


Reconocemos que, después de cuarenta años de democracia, existe una tremenda deuda social en nuestro país, dado que resulta imperdonable la pobreza y la marginalidad estructural que sufren millones de argentinos.


Observamos que la brecha existente, entre las instituciones (incluida la política) y una realidad que evoluciona exponencialmente con nuevas y múltiples demandas, crece en forma permanente; y este fenómeno nos hace perder de vista el deber ser de la actividad política que es velar por los intereses del Pueblo y de la Nación.


Trabajamos para reconstruir la voluntad política para profundizar el necesario e imperioso debate interno que nos permita actualizar nuestra doctrina, para construir un nuevo discurso que nos permita acercarnos a la sociedad y recuperar el rumbo en defensa del bien común.


Sostenemos que la Argentina tiene un altísimo potencial en la producción de alimentos, tanto para satisfacer a la demanda local como a parte de la internacional. Sin embargo, en el orden interno, vemos que la inflación más pronunciada se da en el precio de la comida. Y en el orden externo, la divisa que recibimos por exportaciones no es un flujo sostenido, sino espasmódico. Algo que también redunda en más inflación.


Si nos detenemos a estudiar el reparto de ganancias en la actividad agropecuaria, nos percatamos que solo el veinte por ciento es para el agricultor. El resto se divide en un cuarenta por ciento para el industrializador, y un cuarenta por ciento para el comercializador. Éste último, al ser quien opera con el capital recibido de la demanda, es el sujeto que impone las condiciones. Por ende, es quien termina organizando la estructura de la actividad.


La actividad de producción de alimentos queda entonces traccionada por la búsqueda del lucro rápido, en la lógica de los rendimientos extraordinarios de un mundo financiarizado. Las necesidades alimentarias del pueblo argentino y sus requerimientos de divisas para apuntalar su desarrollo quedan relegadas, sino excluidos, de la estructuración productiva y distributiva del agro. Sintomáticamente, este es un tema ausente de las agendas de debate económico, social y político en el país.


Dejar enteramente liberado a los agentes privados que controlan el mercado, la comida de los argentinos y la obtención de divisas, no se llama liberación. Se llama sometimiento.   El espacio que se abandona es ocupado por cadenas de supermercados y traders exportadoras que regulan con dureza y crueldad lo que comemos los argentinos, a cuanto lo vamos a pagar, que exportamos y cuál es la parte que nos tocará de eso. Si es que nos toca algo.


El marketing del slogan demagogo y la instigación de la ira como manipulación de la verdad (por no decir su supresión) han logrado desviar lo que debería ser el foco de toda política: el bienestar de los hombres y de las mujeres. Desde este espacio proponemos retomar una agenda agropecuaria, agroalimentaria y agroindustrial reivindicando la Justicia Social, que es la verdadera Justicia, ya que protege los derechos considerando nuestras diversidades materiales y espirituales. No nos resignamos a ser un consumidor aislado y segmentado por su poder adquisitivo cada vez menor.


Nuestro país cuenta con una población de alta cualificación técnica en saberes tradicionales y científicos. Somos el cuarto país en el mundo en reserva de tierras fértiles. Tenemos extensiones rurales y periurbanas cuya productividad no es aprovechada. Lo que nos enseña que, para la articulación de un sistema donde se produzca el alimento cerca de la comunidad que lo consume, donde se distribuya rápidamente con costos logísticos mínimos, donde se le agregue valor en origen, donde se comercialice en una red que impida la concentración y su consecuente abuso, donde se instituyen estándares de calidad ambiental y social, es un problema de organización, no de recursos. La cuestión es política. El resultado sería alimentos frescos, nutritivos y baratos para toda nuestra ciudadanía.


Nuestro país cuenta con la mejor productividad mundial en cultivos de extensión, junto con el mayor complejo agroindustrial portuario del planeta. Todo lo que se montó gracias al apoyo y a las regulaciones del Estado que en su momento abrió los mercados, desarrolló la tecnología y creó la infraestructura. Pero que después, fue desapropiado de los frutos de todo esto. Lo que hoy explica la migración de divisas y perjuicio para el productor agropecuario (si, incluso para el gran productor) que es haber hecho de la Pampa Húmeda y del Río Paraná una zona liberada a la medida de media docena de traders transnacionales que se quedan con el valor de quien cultivó la tierra. El resultado de poder revertir esto sería el restablecimiento del círculo virtuoso de la inversión nacional, el arraigo de la renta y la población en el territorio, lo que nos permitiría frenar el proceso de hiper- urbanización que vive nuestro país. Dando paso a un desarrollo nacional equilibrado y sustentable.


Nuestro cometido es reivindicar los vilipendiados ideales de la equidad, la independencia, la solidaridad, el humanismo, la dignidad y el trabajo. Somos hombres y mujeres que hemos dedicado nuestras vidas al estudio, investigación y a la gestión del agro argentino.

Es desde allí que proponemos:


La construcción de un acuerdo entre todos los gobernadores para la creación del Sistema de Planificación Estratégica Participativa Nacional que tendrá como fin la elaboración de Plan Trienales para el Desarrollo Agroindustrial, Agroalimentario y Regional de la Argentina, en forma periódica, siendo el primero para el trienio


Que el primer Plan Trienal sea elaborado durante el año 2024, con la participación de los actores económicos, asociativos, sociales, académicos y gubernamentales de cada provincia y sea asistido por el CFI (Consejo Federal de Inversiones).


Que los Plan Trienales formulen el desarrollo de cada provincia de manera integral y armónica, priorizando los temas de acceso a la tierra, suministro de agua y energía, comercialización y financiamiento para la producción agraria, con una mirada enfocada en el desarrollo territorial de cada provincia.


La creación de un Instituto de Desarrollo Agroindustrial, Agroalimentario y Regional Argentino el que se deberá ocupar de la implementación de las políticas, instrumentos y programas para el abordaje del Plan Trienal, coordinando con los gobiernos provinciales.


La creación de un Observatorio del Desarrollo Agroindustrial, Agroalimentario y Regional Argentino, conformado por representantes de cada provincia y del gobierno nacional con el objetivo de evaluar la evolución y el impacto del Plan Trienal y sugerir los ajustes y medidas necesarias para mejorar su implementación.